Si cada uno de nosotros aporta una gota de agua, pronto se producirá el aguacero.
Gracias, Edith Baldano , por regalarme esta frase con su profundo sentido, que hace crecer en nosotros la necesidad de llevarla a la práctica hoy más que nunca.
SUMATE AL MOVIMIENTO, SE PARTE DE ÉL
sábado, 6 de marzo de 2010
jueves, 4 de marzo de 2010
DONDE ESTABA ADRIAN PEREZ CUANDO SE PROTESTABA POR LAS OPERACIONES PETROLERAS EN MALVINAS?
Adrián Pérez, Miriam Gallardo, dos funcionarios británicos, Paula Bertol, Oscar Aguad y Walter Agosto en Londres.
28-02-2010 /
Mientras el gobierno protestaba por las operaciones petroleras en Malvinas, Paula Bertol, Adrián Pérez y Oscar Aguad eran invitados de honor del foreign office. El viaje se realizó cuando ya se conocía el envío de Londres de la plataforma Ocean Guardian.
Por equipo de política
Eso se llama tener sentido de la oportunidad. Casi en el mismo momento que la Argentina lograba en la Cumbre del Grupo Río –realizada esta semana en Cancún– el apoyo de 32 países latinoamericanos para rechazar la decisión unilateral de Gran Bretaña de comenzar a explorar petróleo en las inmediaciones de las Islas Malvinas, el titular de la bancada de diputados radicales, Oscar Aguad, manifestó que la Casa Rosada no tiene una estrategia para encarar las Relaciones Exteriores.
Pero el desafío más grande que el diputado radical formuló este mes a la política oficial de Relaciones Exteriores no consistió en estas declaraciones. Aguad fue uno de los cinco legisladores que durante la primera semana de febrero, en el momento de mayor tensión entre los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña desde la Guerra de Malvinas, viajaron a Londres, aceptando una invitación del Departamento de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Además del legislador de la UCR, integraron la comitiva los diputados nacionales Adrián Pérez de la Coalición Cívica, Paula Bertol del PRO, y el miembro del PJ-Santa Fe Federal Walter Agosto, que responde al senador Carlos Reutemann. También participó la presidenta provisional del Senado mendocino, Miriam Gallardo, una dirigente provincial que responde a Juan Carlos Mazzón, un ex Guardia de Hierro que todavía conserva algún vínculo con el kirchnerismo. El viaje fastidió a las autoridades de Cancillería que calificaron la misión como una “torpeza”.
A contramano. Cuando se enteraron en el Palacio San Martín que el martes de 2 de febrero a las 15.15 la comitiva estuvo reunida con John Rankin, director para América del Foreign Office, acusaron a los legisladores de prestarse a una “operación política” destinada a distraer a la opinión pública británica. Ese mismo día, la Argentina había enviado una protesta formal a Londres por el avance hacia las Islas Malvinas de la plataforma semisubmarina Ocean Guardian, que el lunes pasado inició acciones de exploración en las aguas en disputa.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores deslizaron que un viaje de una comitiva de legisladores de estas características no se puede realizar a sus espaldas en una situación como la actual. En cambio, para los parlamentarios que volaron a Londres, la visita tenía por objeto fortalecer la relación bilateral a través de la discusión y el intercambio entre líderes políticos de ambos países. “Estoy muy agradecida por la invitación de la Embajada Británica”, escribió en su Twister –tal vez cándida, o no– Paula Bertol, que nada dijo sobre el conflicto bilateral que estos días también llegó a las tapas de la prensa inglesa.
Una fundación muy de La Nación. El tour de los legisladores fue organizado por la Embajada Británica junto a la Fundación Red Acción Política, cuyo consejo de administración está integrado, entre otros, por Alan Clutterbuck, hijo del empresario Rodolfo Clutterbuck, directivo de Alpargatas que fue secuestrado por la famosa “Banda de los comisarios”, la misma que cobró el rescate de Mauricio Macri. Clutterbuck hijo se introdujo en el mundo de la política de la mano de Patricia Bullrich, aunque luego cambió de bando. También particpa del consejo asesor Cecilia Cordeiro, directora de Poliarquía, la encuestadora preferida del diario La Nación.
En el consejo asesor están, entre otros intelectuales, Marcos Aguinis, Santiago Kovadloff y Manuel Mora y Araujo, frecuentes columnistas del diario de los Saguier. La misión de la fundación –según versa en su página web– busca dar “contención y soporte a políticos con compromiso y responsabilidad frente a la cosa pública”.
Acompañados por Eleanor Salmond, segunda secretaria política de la sede diplomática que Londres tiene en Buenos Aires, los legisladores tomaron el vuelo 246 de British Airways del 31 de enero y al día siguiente se alojaron en el hotel The Royal Horseguards de Londres. Durante seis días contaron con una agenda muy activa. Además de entrevistarse con el subsecretario de Estado Rankin, lo hicieron con el subsecretario de Estado Parlamentario de la Cancillería británica, Chris Bryant, quien reiteró la posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, a las que llamó una y otra vez Falklands.
Los legisladores también visitaron el Congreso británico, tuvieron reuniones con funcionarios especializados en el cambio climático, seguridad social y sistema previsional.
¿Yo señor? ¡No señor! Poco después de arribar del Reino Unido, Adrián Pérez respondió los cuestionamientos formulados por la Cancillería y señaló que se trataba de una lectura malintencionada de los funcionarios del Gobierno. Aseguró que el ministro Osvaldo Marisco –a cargo de la embajada argentina en Londres hasta que se designe un nuevo titular, posiblemente José Nun– se reunió con la comitiva y que los legisladores defendieron la soberanía nacional en Malvinas en cada una de las reuniones que mantuvieron. El diputado agregó que el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó “una utilización política del viaje”, como si Pérez se dedicara a otra cosa que no sea hacer política.
El viaje se realizó cuando ya se conocía el envío de Londres de la plataforma petrolera Ocean Guardian hacia las inmediaciones de las Islas Malvinas para iniciar la actividad extractiva en una de las cuatro zonas concesionadas de manera unilateral por los kelpers. Este lunes, oficialmente Gran Bretaña anunció que la empresa Desire Petroleum puso en marcha el proyecto Liz, cuyo objetivo consiste en extraer cuatrocientos millones de barriles de petróleo en una zona ubicada a cien millas del norte del archipiélago.
El miércoles pasado el canciller argentino, Jorge Taiana, le solicitó al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, que redoble su esfuerzos de buenos oficios “dada la grave situación generada por el acto ilegal y unilateral de Gran Bretaña”. Un día después, el titular de la ONU pidió al Comité de Descolonización buscar “soluciones creativas” que permitan encontrar salidas a los conflictos por cuestiones de soberanía que existen en 16 territorios. Uno de ellos es el de las Islas Malvinas.
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Cintia Rogovsky
28-02-2010 /
Mientras el gobierno protestaba por las operaciones petroleras en Malvinas, Paula Bertol, Adrián Pérez y Oscar Aguad eran invitados de honor del foreign office. El viaje se realizó cuando ya se conocía el envío de Londres de la plataforma Ocean Guardian.
Por equipo de política
Eso se llama tener sentido de la oportunidad. Casi en el mismo momento que la Argentina lograba en la Cumbre del Grupo Río –realizada esta semana en Cancún– el apoyo de 32 países latinoamericanos para rechazar la decisión unilateral de Gran Bretaña de comenzar a explorar petróleo en las inmediaciones de las Islas Malvinas, el titular de la bancada de diputados radicales, Oscar Aguad, manifestó que la Casa Rosada no tiene una estrategia para encarar las Relaciones Exteriores.
Pero el desafío más grande que el diputado radical formuló este mes a la política oficial de Relaciones Exteriores no consistió en estas declaraciones. Aguad fue uno de los cinco legisladores que durante la primera semana de febrero, en el momento de mayor tensión entre los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña desde la Guerra de Malvinas, viajaron a Londres, aceptando una invitación del Departamento de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Además del legislador de la UCR, integraron la comitiva los diputados nacionales Adrián Pérez de la Coalición Cívica, Paula Bertol del PRO, y el miembro del PJ-Santa Fe Federal Walter Agosto, que responde al senador Carlos Reutemann. También participó la presidenta provisional del Senado mendocino, Miriam Gallardo, una dirigente provincial que responde a Juan Carlos Mazzón, un ex Guardia de Hierro que todavía conserva algún vínculo con el kirchnerismo. El viaje fastidió a las autoridades de Cancillería que calificaron la misión como una “torpeza”.
A contramano. Cuando se enteraron en el Palacio San Martín que el martes de 2 de febrero a las 15.15 la comitiva estuvo reunida con John Rankin, director para América del Foreign Office, acusaron a los legisladores de prestarse a una “operación política” destinada a distraer a la opinión pública británica. Ese mismo día, la Argentina había enviado una protesta formal a Londres por el avance hacia las Islas Malvinas de la plataforma semisubmarina Ocean Guardian, que el lunes pasado inició acciones de exploración en las aguas en disputa.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores deslizaron que un viaje de una comitiva de legisladores de estas características no se puede realizar a sus espaldas en una situación como la actual. En cambio, para los parlamentarios que volaron a Londres, la visita tenía por objeto fortalecer la relación bilateral a través de la discusión y el intercambio entre líderes políticos de ambos países. “Estoy muy agradecida por la invitación de la Embajada Británica”, escribió en su Twister –tal vez cándida, o no– Paula Bertol, que nada dijo sobre el conflicto bilateral que estos días también llegó a las tapas de la prensa inglesa.
Una fundación muy de La Nación. El tour de los legisladores fue organizado por la Embajada Británica junto a la Fundación Red Acción Política, cuyo consejo de administración está integrado, entre otros, por Alan Clutterbuck, hijo del empresario Rodolfo Clutterbuck, directivo de Alpargatas que fue secuestrado por la famosa “Banda de los comisarios”, la misma que cobró el rescate de Mauricio Macri. Clutterbuck hijo se introdujo en el mundo de la política de la mano de Patricia Bullrich, aunque luego cambió de bando. También particpa del consejo asesor Cecilia Cordeiro, directora de Poliarquía, la encuestadora preferida del diario La Nación.
En el consejo asesor están, entre otros intelectuales, Marcos Aguinis, Santiago Kovadloff y Manuel Mora y Araujo, frecuentes columnistas del diario de los Saguier. La misión de la fundación –según versa en su página web– busca dar “contención y soporte a políticos con compromiso y responsabilidad frente a la cosa pública”.
Acompañados por Eleanor Salmond, segunda secretaria política de la sede diplomática que Londres tiene en Buenos Aires, los legisladores tomaron el vuelo 246 de British Airways del 31 de enero y al día siguiente se alojaron en el hotel The Royal Horseguards de Londres. Durante seis días contaron con una agenda muy activa. Además de entrevistarse con el subsecretario de Estado Rankin, lo hicieron con el subsecretario de Estado Parlamentario de la Cancillería británica, Chris Bryant, quien reiteró la posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, a las que llamó una y otra vez Falklands.
Los legisladores también visitaron el Congreso británico, tuvieron reuniones con funcionarios especializados en el cambio climático, seguridad social y sistema previsional.
¿Yo señor? ¡No señor! Poco después de arribar del Reino Unido, Adrián Pérez respondió los cuestionamientos formulados por la Cancillería y señaló que se trataba de una lectura malintencionada de los funcionarios del Gobierno. Aseguró que el ministro Osvaldo Marisco –a cargo de la embajada argentina en Londres hasta que se designe un nuevo titular, posiblemente José Nun– se reunió con la comitiva y que los legisladores defendieron la soberanía nacional en Malvinas en cada una de las reuniones que mantuvieron. El diputado agregó que el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó “una utilización política del viaje”, como si Pérez se dedicara a otra cosa que no sea hacer política.
El viaje se realizó cuando ya se conocía el envío de Londres de la plataforma petrolera Ocean Guardian hacia las inmediaciones de las Islas Malvinas para iniciar la actividad extractiva en una de las cuatro zonas concesionadas de manera unilateral por los kelpers. Este lunes, oficialmente Gran Bretaña anunció que la empresa Desire Petroleum puso en marcha el proyecto Liz, cuyo objetivo consiste en extraer cuatrocientos millones de barriles de petróleo en una zona ubicada a cien millas del norte del archipiélago.
El miércoles pasado el canciller argentino, Jorge Taiana, le solicitó al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, que redoble su esfuerzos de buenos oficios “dada la grave situación generada por el acto ilegal y unilateral de Gran Bretaña”. Un día después, el titular de la ONU pidió al Comité de Descolonización buscar “soluciones creativas” que permitan encontrar salidas a los conflictos por cuestiones de soberanía que existen en 16 territorios. Uno de ellos es el de las Islas Malvinas.
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Cintia Rogovsky
martes, 2 de marzo de 2010
LEY DE FINACIAMIENTO EDUCATIVO-Continuación...
...."
La Ley de Financiamiento llega al final de su aplicación en diciembre del 2010 cumpliendo sus metas en términos de porcentaje del PIB invertido en educación; en relación con la ampliación de la cobertura del nivel inicial y secundario, particularmente en las provincias de nuestro norte grande; ha sido una herramienta muy importante para la mejora salarial de los trabajadores de la educación de todo el país luego de doce años de congelamiento y ajuste y ha permitido la ampliación de las plantas funcionales de las escuelas con la creación de miles de nuevos cargos y horas cátedra.
Cualitativamente, además, garantizó que un porcentaje de la coparticipación federal en cada provincia fuera destinado a la inversión educativa con tres prioridades (artículo 5): mejorar las condiciones laborales y salariales, jerarquizar la carrera docente y promover la calidad de la formación inicial y permanente.
Una de las metas que se planteó la ley quedó incumplida con una gran brecha: “Lograr que el 30 por ciento de los alumnos de educación básica tenga acceso a escuelas de jornada extendida o completa”. Este es uno de los elementos indicativos de que era correcto el planteo de Ctera en el sentido de que la proporción de la nueva inversión debía ser 60 por ciento nacional y 40 provincial.
Asimismo, cabe señalar que si bien se logró instalar el piso salarial, aún quedan inequidades entre provincias y aún al interior de los sistemas provinciales entre los salarios de cargos y horas cátedras, escalafones jerárquicos, etcétera.
Con posterioridad se sancionó la nueva Ley de Educación Nacional (26.206), por la cual ahora las metas de obligatoriedad son más altas, ya que incluyen la escuela secundaria completa, y es más amplia la exigencia de universalización del nivel inicial, ya que el artículo 19 dice que el Estado Nacional, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para los niños/as de cuatro años de edad. La jerarquización de la educación técnica, artística, multiculturalbilingüe, y en contextos de encierro, que las nuevas normas han recuperado, requieren una inversión superior a la pautada por la ley 26.075. Garantizar la formación permanente en servicio, la creación de nuevos puestos de trabajo tal como plantea el artículo 32 de la LEN para la escuela secundaria, implica necesariamente recursos específicos para hacerlo realidad. Es por eso que el eje estratégico de la política de Ctera en este año del Bicentenario es la sanción de una nueva ley de financiamiento que permita alcanzar las metas fijadas por la Ley de Educación nacional, acompañadas por la dignificación del salario y las condiciones del trabajo docente y políticas socioeducativas que permitan sostener la escolarización de los estudiantes de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Hablamos de una ley de financiamiento integral que profundice la reparación de las desigualdades distributivas entre las provincias. Existen hoy provincias cuya inversión por alumno es inferior a la media, como la provincia de Buenos Aires que, sin embargo, destina el 37 por ciento de su presupuesto a la educación. Otras, destinando porcentajes muy inferiores a la educación, invierten por alumno, en algunos casos, el doble de la media nacional.
El porcentaje de PIB destinado a la inversión educativa debería llegar gradualmente hasta 2016 al 10 por ciento si incluimos a las universidades. Debería definirse un fondo nacional de financiamiento educativo compuesto por una canasta de recursos nacionales y provinciales, pero en el cual se incremente el porcentaje que aporta el Estado Nacional. Por otra parte, hay que definir criterios objetivos de distribución a partir de distintas variables: cantidad de alumnos, de escuelas, déficit de cobertura, escuelas rurales, etc. La ley debería contener instrumentos de monitoreo y contralor de la distribución de los recursos con participación de los sindicatos docentes nacionales y otras organizaciones de la sociedad civil.
Ha llegado el momento, además, de revisar los sistemas de subsidios a la enseñanza privada para no estar subsidiando a empresas educativas, que tienen importantes ganancias en detrimento de la escuela pública. Este es el gran desafío de la etapa y requiere una importante alianza multisectorial y social que le dé densidad política a esta demanda y construya la fuerza que haga posible la sanción de una nueva ley de Financiamiento Educativo en el transcurso del Año del Bicentenario.
Cualitativamente, además, garantizó que un porcentaje de la coparticipación federal en cada provincia fuera destinado a la inversión educativa con tres prioridades (artículo 5): mejorar las condiciones laborales y salariales, jerarquizar la carrera docente y promover la calidad de la formación inicial y permanente.
Una de las metas que se planteó la ley quedó incumplida con una gran brecha: “Lograr que el 30 por ciento de los alumnos de educación básica tenga acceso a escuelas de jornada extendida o completa”. Este es uno de los elementos indicativos de que era correcto el planteo de Ctera en el sentido de que la proporción de la nueva inversión debía ser 60 por ciento nacional y 40 provincial.
Asimismo, cabe señalar que si bien se logró instalar el piso salarial, aún quedan inequidades entre provincias y aún al interior de los sistemas provinciales entre los salarios de cargos y horas cátedras, escalafones jerárquicos, etcétera.
Con posterioridad se sancionó la nueva Ley de Educación Nacional (26.206), por la cual ahora las metas de obligatoriedad son más altas, ya que incluyen la escuela secundaria completa, y es más amplia la exigencia de universalización del nivel inicial, ya que el artículo 19 dice que el Estado Nacional, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para los niños/as de cuatro años de edad. La jerarquización de la educación técnica, artística, multiculturalbilingüe, y en contextos de encierro, que las nuevas normas han recuperado, requieren una inversión superior a la pautada por la ley 26.075. Garantizar la formación permanente en servicio, la creación de nuevos puestos de trabajo tal como plantea el artículo 32 de la LEN para la escuela secundaria, implica necesariamente recursos específicos para hacerlo realidad. Es por eso que el eje estratégico de la política de Ctera en este año del Bicentenario es la sanción de una nueva ley de financiamiento que permita alcanzar las metas fijadas por la Ley de Educación nacional, acompañadas por la dignificación del salario y las condiciones del trabajo docente y políticas socioeducativas que permitan sostener la escolarización de los estudiantes de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Hablamos de una ley de financiamiento integral que profundice la reparación de las desigualdades distributivas entre las provincias. Existen hoy provincias cuya inversión por alumno es inferior a la media, como la provincia de Buenos Aires que, sin embargo, destina el 37 por ciento de su presupuesto a la educación. Otras, destinando porcentajes muy inferiores a la educación, invierten por alumno, en algunos casos, el doble de la media nacional.
El porcentaje de PIB destinado a la inversión educativa debería llegar gradualmente hasta 2016 al 10 por ciento si incluimos a las universidades. Debería definirse un fondo nacional de financiamiento educativo compuesto por una canasta de recursos nacionales y provinciales, pero en el cual se incremente el porcentaje que aporta el Estado Nacional. Por otra parte, hay que definir criterios objetivos de distribución a partir de distintas variables: cantidad de alumnos, de escuelas, déficit de cobertura, escuelas rurales, etc. La ley debería contener instrumentos de monitoreo y contralor de la distribución de los recursos con participación de los sindicatos docentes nacionales y otras organizaciones de la sociedad civil.
Ha llegado el momento, además, de revisar los sistemas de subsidios a la enseñanza privada para no estar subsidiando a empresas educativas, que tienen importantes ganancias en detrimento de la escuela pública. Este es el gran desafío de la etapa y requiere una importante alianza multisectorial y social que le dé densidad política a esta demanda y construya la fuerza que haga posible la sanción de una nueva ley de Financiamiento Educativo en el transcurso del Año del Bicentenario.
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