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MOVIMIENTO POR LA EDUCACIÓN NACIONAL Y POPULAR

Hoy es el momento de la política educativa
Para qué nos constituimos
El Estado y los gobiernos pueden facilitar u obturar los procesos de desarrollo social de los pueblos. También la sociedad tiene responsabilidades al respecto, en tanto habilita o cierra procesos de cambio, ya sea de manera activa o absteniéndose de participar.
Las intenciones transformadoras necesitan sujetos colectivos que las encarnen reflexivamente. Los protagonistas de una educación emancipadora, basada en la justicia social y comprometida con nuestra Nación y con la región latinoamericana, deben construirse con el Pueblo y en el seno del Pueblo: este Movimiento emerge con el objetivo de convocar, interpelar y ayudar a la organización de nuestro Pueblo como protagonista del cambio educativo.
Nuestras sociedades desbordan de excedentes y riquezas, materiales y simbólicas, de los que no pueden apropiarse plenamente. Necesitamos desarrollar herramientas conceptuales y estrategias prácticas para observar y dar cuenta de los nuevos fenómenos sociales, educativos y tecnológicos de nuestro país en el marco latinoamericano. Una misma cultura con diferentes capacidades endógenas, puede tener múltiples desarrollos posibles. Conocimiento, memoria y prospectiva, pueden articularse en el reconocimiento de los múltiples sujetos en formación -niñas, adolescentes, jóvenes y adultos- para crear una masa crítica favorable a la distribución de poder en nuevos espacios públicos interculturales.
Por todo ello somos conscientes de la necesidad de aunar esfuerzos entre quienes siempre estuvieron dispuestos a apoyar la reconstrucción de la educación. A poner el hombro para mejorar las escuelas, los institutos de formación docente y técnica y las universidades, a dar una mano a quienes han quedado afuera. Hablamos de las mujeres y los hombres, los maestros y profesores, los alumnos, las mamás y los papás, los familiares, los vecinos de nuestros barrios, los ciudadanos, la mayor parte de los que siempre están presentes ofreciendo su esfuerzo y sacrificio.
De dónde venimos
Suele decirse que el antecedente inmediato de la Ley Federal de Educación (LFE) de 1993 fue la Ley 1420. Sin embargo, la alteración de los principios de una educación democrática, común, laica, popular y universal, encuentran su antecedente en el avance privatista que comenzó con la Revolución Libertadora de 1955 y dio lugar a el enfrentamiento conocido como “laica o libre” de 1958. Pero el acontecimiento más reciente y definitorio fue la resolución del Congreso Pedagógico de 1985 que legitimó una antigua idea liberal: que la educación pública puede ser indistintamente privada o estatal. En ése concepto se apoyó la operación de desvalorización de la educación pública o estatal, que había sido tan apreciada por la sociedad argentina durante más de un siglo, para establecer un campo confuso, en el cual se diluyen las responsabilidades. De ese modo los principios contenidos en la LFE abrieron la posibilidad de penetración del mercado en el campo de la educación pública, perjudicando tanto a la educación estatal como a la educación privada de interés social. Por su parte, el Movimiento por la Educación Nacional y Popular se reconoce heredero de la tradición nacional, asumiendo como antecedentes los aspectos democráticos de la legislación educativa de la década de 1880 y los aportes del socialismo, el Movimiento Reformista de 1918, la orientación político- pedagógica y el reordenamiento legal que produjeron los tres primeros gobiernos peronistas (1946-1952; 1952-1955; 1973-1974), en especial en la concepción de la Constitución de 1949, en la Reforma de la enseñanza media de 1946, de la obra educativa del gobernador Víctor Mercante, en las instituciones de la asistencia social que hacían pie en el sistema, como la Sanidad Escolar, en el fomento del cooperativismo escolar, en la organización de la formación profesional y la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP), en la promoción de las escuelas-fábrica, de la Universidad Obrera Nacional, en la gestión educativa del Ministro Jorge Taiana (1973-1974), en particular en la Dirección Nacional de Educación de Adultos (DINEA) y en la reforma universitaria de esos años.
Es en esa línea sucesora en la que se ubicó la fundación de la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la lucha de los docentes de la década de 1990, con jalones como los de la Marcha Blanca (1988) y la Carpa Blanca iniciada (1997). Cuando la fuerte reducción de la responsabilidad del Estado y de la inversión en educación avanzó hegemonizando la política educativa, encontró tibias o sectarias resistencias y abiertas acogidas por parte de los gobiernos de la región.
En la Argentina, mediante la nefasta Ley de Transferencia de 1994, se desintegró el sistema educativo nacional, que culminó el proceso de entrega sin financiamiento de los establecimientos a los gobiernos provinciales promovido por la dictadura militar mediante la transferencia de las escuelas de nivel primario e inicial. Pero el gobierno neoliberal del presidente Carlos S. Menem no pudo llevar su programa -que acordó y monitoreó con los asesores del Banco Mundial- hasta las últimas consecuencias, consistentes en municipalizar las escuelas y luego entregarlas al mercado, para vender y comprar libremente la educación.
La CTERA junto con los grandes sindicatos latinoamericanos de trabajadores de la educación, opuso una resistencia firme al avance de la flexibilización de sus empleos, pero esos movimientos no encontraron actores a los cuales asociarse para construir un sujeto de cambio social. La lucha de la CTERA, sin embargo, encabezó y ordenó a los diferentes sectores que rechazaban el neoliberalismo educativo y resistió la desintegración completa de la educación pública que, aunque herida, mantuvo una masa crítica suficiente para su reconstrucción, hecho que se evidenció en el mantenimiento del Estatuto del Docente, que es una de las normas más atacadas por el liberalismo y el neoliberalismo, y en el sostenimiento del derecho de los docentes a ser los actores principales de cualquier reforma o actualización.
Sin embargo, debe consignarse que la reforma menemista logró instalar una tecnoburocracia en los organismos de conducción de la educación y encontró en algunas provincias el apoyo de sectores docentes y políticos que, aunque minoritarios en el país, fueron instrumento de la aplicación de la estructura que impuso la Ley Federal de Educación y son los que resistieron su derogación.
Es en la inspiración de las tradiciones nacionales y populares, donde, fundamentalmente en las últimas décadas, vimos surgir múltiples experiencias del campo educativo, es decir en el más allá de la experiencia propiamente escolar. Estas experiencias y proyectos intentan ser, junto a la lucha de muchos docentes en el sistema educativo formal, el germen de un proyecto educativo más amplio e integrador. Este proyecto está encarnado en numerosos jardines comunitarios, centros de apoyo escolar, centros de alfabetización, centros culturales, talleres de emprendedores y productores, bachilleratos populares, entre otras, desde la experiencia de organizaciones y movimientos sociales.
Con qué confrontamos
La mercantilización de la educación caló hondo y siguió caminos perversos. Entre los efectos principales de la interminable década del noventa podemos mencionar:

• El analfabetismo que se instaló y creció progresivamente, alcanzando niveles impensados en décadas atrás.
• La restricción de la universalidad de la educación por la no inclusión por parte de la escuela pública de significativos sectores populares.
• La proliferación de una educación de élites en territorios exclusivos.
• La corrupción de orden económico y el clientelismo que se instalaron en los lugares estratégicos del funcionamiento del sistema, encontrando complicidades inesperadas y mostrándonos una situación inédita, horrorosamente antagónica con la ética y los principios que identificaron tradicionalmente al docente.
• La incorporación al sentido común de la pérdida de prestigio de la escuela pública y la migración preocupante hacia ofertas privadas de distinta y, en ocasiones, de dudosa calidad educativa.
• La aceptación de un mercado de títulos y capacitación que en otra época hubiera sido considerado inmoral por la gran mayoría de los argentinos.
• El fortalecimiento de fundaciones y centros de producción programática sostenidos por el empresariado neoliberal que ponen especial interés en la educación y su prospectiva. Esos grupos intentan influir tanto en las políticas estatales, procurando medidas de liberalización al “mercado de la educación”, como obtener recursos para su propia subsistencia del propio Estado al que tratan de desgastar.
• El desmantelamiento y la supresión lisa y llana de las instituciones estatales de asistencia social y educativa.
• El cambio de sentido de la educación técnica, profesional y agrotécnica, desnaturalizando el vínculo entre el sistema educativo y la transmisión de saberes socialmente productivos.
• El no reconocimiento de la legitimidad de las experiencias sociales y comunitarias de educación y su desintegración respecto del sistema educativo formal.

Caracterización del momento
Entendemos que los primeros pasos para revertir los nefastos resultados de las políticas educativas de los 90 fueron dados desde el 2003 en dos grandes direcciones. Por un lado, el incremento del presupuesto educativo, con una importante recomposición del salario docente que ubica al sector entre los que más han recuperado su valor adquisitivo en el momento presente. Ello pone nuevamente a la educación en condiciones de ser uno de los ejes principales de la inclusión social y el fortalecimiento de la democracia, recuperando en forma sostenida el valor de la tarea docente y la escuela pública como garante del acceso de todos y todas al conocimiento.
Por otro lado, la derogación de la Ley Federal, y la producción de un nuevo marco jurídico normativo fueron realizadas en base a la más amplia participación y consulta, tanto en el nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires (la primera que en 2007 adecuó su legislación a los lineamientos de la LEN). Específicamente, la sanción de leyes de Financiamiento Educativo, la Educación Nacional, la de Educación Técnica y Formación Profesional y la de Educación de la provincia de Buenos Aires crearon el marco jurídico normativo necesario para una recuperación del sistema educativo nacional.
Las problemáticas centrales
Están sentadas las bases para la profunda reforma que debe llegar a cada escuela, a cada instituto y a cada universidad del país. Es la hora de unir nuestras manos para transformar la ley en acciones. Es necesario que se apliquen políticas universales que garanticen la educación común y el respeto a las diferencias; que se erradique la concepción neoliberal de intervenciones focalizadas, en muchos de los cuales el Estado evade su responsabilidad y delega el abordaje de los más profundos problemas educativos a fundaciones privadas o se restringe a micro experiencias sin atender a los grandes sectores sociales que demandan educación.
La educación media y la formación docente, son núcleos cruciales de los problemas que afronta la educación nacional. Hay que tomar el toro por las astas y por fin realizar la profunda reforma que reclama la educación secundaria, cuyas insuficiencias impactan en el destino de los jóvenes y en sus condiciones para acceder y cursar exitosamente la educación superior. Se requiere profundizar las acciones que se vienen llevando a cabo en la formación docente avanzando, significativamente, en la equiparación de los institutos docentes y tecnológicos de nivel superior con las carreras universitarias afines. Y recuperar en la formación docente la profundización del pensamiento pedagógico popular y latinoamericano.
En los últimos cinco años se construyeron más de 700 escuelas; se requieren mil más pero, también, debe ser prioridad la reparación de las existentes, para garantizar una infraestructura adecuada, calefacción, patios, conectividad, es decir, seguridad escolar también en sus edificios.
Debemos lograr:

• Que cada alumno cuente con los libros, acceso a Internet y materiales didácticos que requiere.
• Que la capacitación docente sea en servicio, gratuita, con puntaje y obligatoria.
• Que se avance en la unificación de cargos en todos los niveles, para lograr en cada escuela el trabajo en equipo y mejorar el vínculo entre los docentes y los alumnos.
• Que la acción convergente de los sindicatos, los gobiernos Nacional y provinciales y los diversos actores de la sociedad civil alcance acuerdos que garanticen condiciones de trabajo estables, con una remuneración justa.
• Que se avance en el desarrollo de la educación de jóvenes y adultos, de quienes están en contextos de encierro, de los que residen en las áreas rurales.
• Que el Consejo Federal de Educación potencie su tarea de representación de las provincias, a la vez que potencie su esfuerzo por acordar los términos y las acciones de la educación nacional.
• Urge dictar una nueva Ley Nacional de Educación Superior (LeNES), que sustituya a la ley neoliberal, dictada en 1994 por el gobierno de Menem. Dicha ley deberá afirmar el carácter de Derecho Social y bien público de la educación, oponiéndose a la resolución de la Organización Mundial del Comercio que la clasifica como un bien transable

En este sentido, en la nueva LeNES debemos trabajar para:
Reubicar al Estado como el principal responsable, planificador, proveedor y evaluador de la educación superior y diseñar los mecanismos que garanticen la articulación del conjunto de las instituciones del nivel (institutos, centros, universidades).
Instalar un sistema de acreditación y reconocimiento de los estudios completos o incompletos cursados, que permita un amplio tránsito de los alumnos por el sistema.
La LeNES deberá incluir mecanismos que garanticen el bienestar estudiantil, tales como un sistema de becas, comedores, residencias, orientación vocacional y pedagogía universitaria, entre otros.
Deberá promover una genuina articulación con la producción científica y tecnológica, vinculada al desarrollo nacional y desterrando las prácticas mercantilistas y privatistas que se han instalado en este nivel y en muchas instituciones universitarias. Para ello debemos pugnar por mantener y acrecentar el financiamiento público sobre este sector, respetando la autonomía y la autarquía inscriptas en la Constitución Nacional, para las universidades públicas que son organismos del Estado Nacional.
Esa ley requiere ser construida en consulta y diálogo con todos los sectores del ámbito universitario y las diversas organizaciones sociales y del mundo productivo necesariamente vinculado a ella.
Entendemos que es el momento de avanzar en políticas transformadoras que, inscribiéndose en la larga tradición de la educación popular latinoamericana construyan alternativas pertinentes y viables en la actual coyuntura, con perspectivas de mediano y largo plazo para alcanzar una verdadera democracia pedagógica desde una perspectiva emancipatoria.
Prospectivas de largo y mediano plazo
En ese escenario, el Movimiento por la Educación Nacional y Popular se constituye como un espacio amplio de convergencia de diversos sectores vinculados al campo político educativo que comparten visiones popular-democráticas.
Consideramos que esa voz presente en la experiencia histórica argentina – en el escenario latinoamericano – no tiene su poder sólo, ni principalmente, en su capacidad de financiamiento o en la posición de lugares en el aparato de poder del Estado. Una de sus principales fuerzas es:
La constitución de una voz que en conjunto elabore lineamientos de política opuestos a las perspectivas mercantilistas y superadores de las propuestas tecnoburocráticas.
La elaboración de un posicionamiento que genere una corriente de opinión y que se identifique con la larga lucha por la educación popular latinoamericana que simbolizan Simón Rodríguez, Manuel Belgrano, Mariano Moreno y Paulo Freire, entre otros.
Ellos no encuentran fácilmente espacio en los ámbitos del sistema escolar o en los espacios académicos, pero están persistentemente presentes en la memoria colectiva, en los intersticios de lo social, en las luchas cotidianas de los educadores populares y comunitarios, en los márgenes de los libros, en los estantes velados de las bibliotecas, en las prácticas de maestros y maestras cuando cierran la puerta del aula o la escuela y juegan su juego libre de inscripción de los nuevos en la sociedad que los recibe, o los profesores cuando apuestan fuerte a la sobrevivencia y transformación por vía de su trasmisión responsable, comprometida, adulta, y en el pensamiento de muchos maestros, profesores y académicos.
El Movimiento se constituye así como un espacio con capacidad de producción de políticas en el espacio público que activarán potencialidades educativas de nuestro Pueblo.
El Movimiento por la Educación Nacional y Popular, a su vez, se constituye como la voz de aquellos que trabajan por la educación popular en ámbitos diversos, reconociendo la educación como horizonte de posibilidad de emancipación que amplía las fronteras del espacio escolar. Así, el Movimiento convoca a todos aquellos interesados en discutir las estrategias político educativo y pedagógico destinado a la educación, desde los más chicos hasta los adultos mayores.
El problema educativo, con más fuerza que en otros sectores, es un problema político, y se resuelve en el marco de proyectos de mediano y largo plazo. Pero si el trabajo del educador es finalmente la constitución de sujetos libres, creativos, políticos, el vínculo de esa actividad con la política no es de determinación sino de diálogo de ida y vuelta imprescindible. Un proyecto transformador, radicalmente democrático, sólo será posible si está encarnado profundamente en la cultura política, en las conciencias individuales, en la subjetividad de las jóvenes generaciones.

La educación afronta un nuevo compromiso político.
En síntesis:

El Movimiento por la Educación Nacional y Popular nace como una voz propia, argentina y latinoamericana. Convoca al conjunto de trabajadores de la educación, educadores populares, intelectuales, militantes, funcionarios, académicos, luchadores sociales, comunicadores, estudiantes, familiares, con el objeto de integrarse a un espacio de participación desde el cual luchar por una política educativa signada por las necesidades del Pueblo, de la Nación y de América Latina.

Grupo de redacción del Movimiento por la Educación Nacional y Popular

Agosto de 2009.